La Consejería de Medio Rural y Política Agraria lleva décadas incumpliendo las normas más básicas de prevención de riesgos laborales para el personal facultativo veterinario.
Oviedo, lunes 3 de agosto de 2026. Tras haber denunciado en reiteradas ocasiones ante la propia consejería que se estaban produciendo incumplimientos de carácter grave en materia de prevención de riesgos laborales que afectan a los facultativos veterinarios se mantuvo una reunión presencial en septiembre de 2024 entre el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (SIVEPA) y la Junta de Personal Funcionario con el consejero don Marcelino Marcos Líndez, la secretaria general técnica doña Angelina Álvarez González y la actual directora general doña Rocío Huerta Miguel donde se informó a estos cargos políticos del alto riesgo laboral existente y se pidieron soluciones. Sin embargo, tras dicha reunión no se tomaron medidas suficientes para corregir estos graves incumplimientos.
Cansados de esta situación, en noviembre de 2024, los delegados de prevención de SIVEPA denunciaron a la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social que los facultativos veterinarios del Principado adscritos a la la Consejería de Medio Rural y Política Agraria estaban trabajando sin que se cumplieran los requisitos más básicos de prevención de riesgos laborales.
Esta denuncia recogía, entre otras cosas, que pese a ser obligatoria desde 2001 la evaluación inicial y reevaluación periódica de los todos puestos de trabajo, la friolera de 25 años más tarde, en la mayor parte de puestos de Veterinario/a Oficial y Coordinador/a Veterinario/a no se había realizado ni siquiera la evaluación inicial de riesgos y que, en los pocos casos que se había hecho, durante todo este tiempo no se había realizado ninguna reevaluación. Pero todavía más grave que eso, se denunciaba que en los escasos puestos en que sí había una evaluación hecha, no se cumplían las más básicas medidas de prevención obligatorias, dándose de forma generalizada situaciones tan arriesgadas como que facultativos sanitarios que trabajan todos los días expuestos a riesgos biológicos derivados de enfermedades transmisibles al hombre (zoonosis), en terrenos de difícil acceso plagados de artrópodos transmisores de enfermedades zoonósicas y con animales potencialmente peligrosos por su tamaño o agresividad, carecían de cosas tan básicas como duchas, vestuarios o ropa y calzado de trabajo.
Recientemente el sindicato veterinario del Principado ha recibido la notificación de Inspección de Trabajo en la que se constatan como ciertos los hechos denunciados y se informa de haber requerido a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria para que corrija de inmediato la situación. Sin embargo, nuevamente nada se ha hecho al respecto.
Injusta y lamentablemente, para indefensión de los trabajadores públicos, las administraciones, al contrario que las empresas privadas y para gran discriminación de estas, gozan de total impunidad ante estas graves infracciones puesto que la ley no permite al inspector de Trabajo sancionar a otra administración y ni ningún cargo de responsabilidad puesto a dedo o ningún político paga factura por ello.
Ante esta hipocresía administrativa la triste realidad es que parece que hay que esperar a un grave accidente, una grave enfermedad profesional o un fallecimiento por accidente de trabajo para que actúe la justicia y algo se mueva. Si no, al colectivo sólo le queda ya la movilización y el conflicto laboral por algo que tenía que funcionar de oficio a la perfección y que si la empresa fuera privada ya hubiera sido corregido duramente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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