Anuario IM Veterinaria
Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET)
- ¿Cómo valora el último año para la profesión veterinaria? ¿Ha sido positivo?
El 2025 pasará a la historia de la Veterinaria como el año de las movilizaciones profesionales. Nunca antes se habían desarrollado tantas acciones reivindicativas por parte de la profesión, y nunca antes se había mostrado tan unida en torno a un proyecto común: demostrar a las instituciones y al conjunto de la sociedad que nuestra profesión no permitirá más oprobios e indiferencias. La función de la Veterinaria moderna, en todos sus campos de actuación, es clave para afrontar los desafíos productivos y sanitarios a los que nos enfrentamos día a día, y en consecuencia los poderes públicos tienen que contar con nuestra opinión técnica para solucionarlos con solvencia.
Por tanto, en una valoración muy genérica, podríamos decir que el año no ha sido bueno, pues desde el punto de vista de los veterinarios clínicos, más de 22.000, han visto como la losa en el uso de medicamentos veterinarios que ya pesaba para los animales productores de alimentos desde el año 2019 (RD 191/2018 y RD 992/2022), les ha caído también a los de los animales de compañía y ocio, con la entrada en vigor, el 2 de enero de este año, del R.D. 666/2023. A ello hay que añadir que el anuncio y multiplicación de nuevas Facultades de Veterinaria (Valencia, Salamanca, etc.) hace que el exceso de egresados provoque una precariedad laboral cada vez más lacerante, que propicia que los sueldos en el medio urbano sean indignos de una profesión sanitaria y, desincentiven totalmente el trabajo y la vocación del ejercicio profesional en el medio rural.
En definitiva, desde FESVET consideramos al 2025 un año negativo, aunque se veía venir y lo hemos advertido sistemáticamente por la tendencia a expulsar a la profesión del Ministerio de Sanidad y aglutinarla en el Ministerio de Agricultura sin tener en cuenta que somos facultativos sanitarios cuya principal función es la prevención y la protección de la salud pública. Casi todo lo negativo que estamos sufriendo se relaciona directa o indirectamente con esta cuestión.
Lo único positivo a destacar, que no es poco, es la creciente unión de la profesión y que poco a poco los veterinarios van entendiendo que la profesión es un todo y que cuando una parte de ella, (clínica, administración, universidad, etc.) se ve atacada o se desequilibra, repercute tarde o temprano sobre los demás sectores.
- A día de hoy, ¿cuál es la situación de los profesionales? ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan?
Según recoge el último Informe Sectorial de AMVAC sobre la actividad económica y laboral veterinaria, la actividad económica del sector de la sanidad animal mueve 36.681M (2,3% PIB), con un destacado predominio de los grandes animales que se llevan más de 30 mil millones de euros, quedando el resto para los animales pequeños que conviven en el 43% de los hogares españoles. Según este informe, el sector genera más de 44 mil empleos directos, llegando a los más de 350 mil indirectos. Se trata de un sector en continuo crecimiento que, en el último año analizado, el 2024, se ha expandido más del 9,2%.
Para conocer la situación de los profesionales, lo primero que conviene analizar es el escenario demográfico de la profesión, que con los escasos datos con los que contamos, sería la siguiente:
- > 37.800 veterinarias/os colegiados (con más de 65 años: 3.300 en diciembre de 2024)
- > 1.400 egresados en el último curso
- > 22.000 veterinarias/os en ejercicio en la clínica de pequeños animales, en más de 7 mil clínicas veterinarias que en el último año han disminuido en el 1,5%. A este respecto llama la atención la disminución de tres puntos en el volumen de facturación de las grandes corporaciones en favor de los grupos de clínicas independientes que suben hasta siete puntos en el 2024, hasta alcanzar el 24% del total. Por su parte, las clínicas veterinarias independientes pierden también un 4% del volumen de facturación, quedándose en el 61% del total.
- Los únicos datos conocidos de las/os veterinarias/os que trabajan en las distintas Administraciones Públicas son los emitidos en un Informe (2022) del Ministerio de Sanidad, sobre los profesionales de Salud Pública de las Comunidades Autónomas, en el que se reflejaba que el número de veterinarias/os que trabajan en este sector era de 3492, lo que suponía el 43% de todos los profesionales de Salud Pública que desempeñaban su función en las distintas Consejerías de Sanidad de las CC.AA.
Es evidente que la profesión debe de contar con datos más exhaustivos del número de profesionales que desarrollan su actividad en los distintos sectores, llevando a cabo un riguroso y permanente estudio demográfico que permita conocer y analizar las necesidades reales de veterinarios que es necesario formar en las Universidades, de lo contrario, el principal problema, que es la precariedad, cada vez se agudizará más y el abandono de la profesión en los primeros años de ejercicio irá in crescendo.
Por tanto, de forma general la situación actual de los profesionales no es nada halagüeña. El principal reto de toda la profesión es solucionar la precariedad y evitar que no conviertan a los facultativos sanitarios veterinarios en técnicos agrícolas. Revertir el trasvase de competencias veterinarias desde el Ministerio de Sanidad al Ministerio de Agricultura que está acarreando graves consecuencias negativas para el conjunto de la profesión y sólo obedece al interés particular y personal de unos pocos con mucha influencia.
- Ante la inadmisión a trámite de la IPL presentada por la OCV, el Sindicato ha brindado su apoyo a la promovida por CEVE ¿Puede desarrollar qué supone el nuevo Real Decreto para los veterinarios españoles? ¿Por qué ha generado tanto malestar?
El rechazo de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Organización Colegial Veterinaria española en defensa del libre ejercicio profesional y la dispensación veterinaria, y frente a los excesos recogidos en el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, ha motivado que FESVET apoye la ILP presentada por CEVE, por entender que cumple con todas las expectativas que la profesión veterinaria viene defendiendo desde el inicio de las movilizaciones: El RD 666/2023, y el sistema PRESVET, entorpece el ejercicio profesional de los veterinarios, no respeta el criterio facultativo conforme a lex artis, pone en peligro la salud de los animales y por ende la salud pública, imposibilita a los veterinarios dispensar directamente a sus pacientes los tratamientos necesarios a los animales bajo su cuidado, retrasando los tratamientos prescritos y aumentando el coste para los propietarios, burocratiza innecesariamente el trabajo diario de los clínicos, mantiene unas sanciones improcedentes y discrimina a los veterinarios españoles frente al resto de colegas europeos.
Por estas razones la nueva regulación del medicamento está generando mucho malestar en la profesión, especialmente porque se intenta subyugar y eliminar el criterio médico facultativo de los veterinarios, impidiéndoles individualizar cada caso y sus circunstancias para dar el mejor tratamiento posible a cada animal y les obliga a comportarse como meros técnicos de segunda que deben seguir unas instrucciones. A esto se suman unos bajos salarios y una desatención crónica de la ordenación de la oferta y la demanda en los veterinarios egresados, incumpliéndose sistemáticamente la obligación del Estado de ajustarlas en base a la Ley 44/2023, de ordenación de las profesiones sanitarias.
- También denuncian que esta medida “discrimina a los veterinarios españoles frente al resto de sus colegas europeos” ¿En qué sentido?
El Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios permite a los facultativos de la mayor parte de los países de la Unión Europea (24 de 27 países) dispensar y vender los medicamentos que prescriben para el tratamiento de sus pacientes. Y ello es debido a que la titulación oficial europea, que habilita para el ejercicio profesional de la veterinaria, obliga a adquirir las competencias adecuadas sobre farmacología y farmacoterapia animal, cosa que no sucede con la profesión farmacéutica, según declaran varias sentencias españolas y una del TJUE, que expresan que el farmacéutico no tiene formación específica alguna en salud animal.
Por otro lado, la complejidad del mercado del medicamento veterinario, con cerca de 5000 referencias registradas en España, hace inviable que la red de farmacias actual disponga de stock suficiente para atender el suministro del medicamento veterinario, que en la actualidad no dispensa más allá del 7% de dicho producto, siendo el resto distribuido a través del canal veterinario.
Asimismo, el mercado del medicamento veterinario es muy reducido, pues supone menos del 5% del total de mercado farmacéutico, que además cuenta con dos realidades muy diferentes. Una la de los animales de producción de alimentos que factura el 84% del total de los productos de sanidad animal, y otra la de los animales de compañía y ocio, que además de llevar a cabo una función social y emocional insustituible, apenas supone el resto.
En definitiva, la actual normativa trata a los veterinarios españoles como técnicos que deben seguir instrucciones inflexibles y no como facultativos, y además no reconoce en la práctica, como si sucede en la mayoría de los países europeos, que los veterinarios son los facultativos sanitarios más competentes para la dispensación adecuada de los medicamentos veterinarios, siendo por tanto necesario, a juicio de FESVET, derogar el R.D. 666/2023 y modificar el R.D.L. 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para reconocer al veterinario el legítimo derecho a la venta al por menor del medicamento veterinario y acercarles a las mismas condiciones que rigen en el suministro de medicamentos veterinarios en Europa.
- Desde que salieron a la calle en junio para movilizarse, ¿han conseguido alguna respuesta por parte de las administraciones?
Tras una cadena de movilizaciones nunca vistas en la profesión veterinaria hasta la fecha, que comenzaron con una manifestación en Barcelona, el 2 de febrero de 2025, tan solo se han conseguido dos pequeñas modificaciones en el R.D. 666/2023. La primera para modular, a nuestro juicio insuficientemente, las penalizaciones por no notificar en plazo a la base de datos PRESVET (Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario), y la segunda la operada en la Ley 7/2025, por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública que faculta que “El veterinario podrá ceder durante el acto clínico, al titular o responsable de animales de compañía, el número de unidades de medicamentos comercializados en envases fraccionables necesarios para completar el tratamiento, acompañado del material informativo suficiente.”. Asimismo, en lo relativo a los antibióticos de Categoría B, se modifica para que “su uso debe basarse siempre que sea posible en la interpretación técnica por parte del veterinario de la información aportada por la identificación etiológica del agente patógeno y su sensibilidad al antibiótico o cualquier otra prueba diagnóstica equivalente reciente”. Asimismo, obliga a un diálogo entre los Ministerios de Agricultura y Sanidad para promover una revisión para la “disponibilidad de medicamentos” y “facilitar la transmisión electrónica de prescripciones de antibióticos y, en particular, lo referente a porcentajes de envase utilizados y los plazos de envío”.
Además de estas pequeñas modificaciones del RD 666, las presiones parlamentarias han propiciado que la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados haya aprobado la creación de una subcomisión destinada al estudio del impacto del R.D. 666/2023 y el resto de normativa que regula la expedición, venta y distribución de los tratamientos farmacológicos para animales, la fiscalidad aplicada a los servicios veterinarios y el papel del sector veterinario en la salud pública.
Por último, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha anunciado que el Ministerio convocará próximamente una reunión conjunta con representantes de los sectores veterinario y farmacéutico para analizar el proceso de prescripción, dispensación y venta de medicamentos veterinarios, una vez se apruebe el nuevo Proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios.
En definitiva, en opinión de FESVET, sí se ha conseguido alguna respuesta administrativa, pero tímida y sólo en cuestiones de detalle en el ámbito del medicamento. Los problemas fundamentales que derivan del trasvase de competencias sanitarias al Ministerio de Agricultura, de la falta de integración de los veterinarios de las CCAA en el Sistema Nacional de Salud, la implementación de las especialidades veterinarias y de la falta de desarrollo y concreción de las prestaciones de la Veterinaria de Salud Pública dentro de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, siguen sin resolverse ni avanzar lo más mínimo, más bien lo contrario.
IM VETERINARIA #65 ANUARIO 2025- Por otro lado, FESVET se reunió a mediados de octubre con la OCV para establecer una estrategia unificada para la profesión. Desde el ámbito sindical, ¿qué temas se consideran prioritarios y estratégicos para la profesión a corto y medio plazo?
En primer lugar, queremos agradecer que el presidente de la OCV y parte de su junta directiva, mantuviera una primera reunión con FESVET en los primeros días de este nuevo mandato. Ambas partes se han comprometido a continuar estas reuniones para abordar los temas prioritarios que permitan fortalecer todos los sectores de la profesión, especialmente en los que coincidan en el diagnóstico y en el tratamiento. En este primer abordaje, desde la Federación Sindical se han priorizado los siguientes temas:
- Convocatoria y apoyo a todas las movilizaciones que reivindiquen la importancia de la profesión veterinaria y pongan en valor todos sus aspectos laborales, sociales, económicos, culturales y jurídicos.
- Promoción de un Convenio colectivo de centros y servicios veterinarios que permita vivir con dignidad a las veterinarias y veterinarios que ejercen la actividad clínica, y participación en la negociación colectiva que mejore las condiciones laborales de las veterinarias y veterinarios que trabajan en las Administraciones Públicas.
- Ordenación de la profesión conforme a demanda y oferta real, cumpliéndose la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias.
- Reconocimiento de la Veterinaria como profesión de riesgo y aplicación de coeficiente reductor para la jubilación.
- Recuperación de las competencias de la Veterinaria de Salud Pública por parte del Ministerio de Sanidad y creación de una Subdirección General de Veterinaria de Salud Pública dentro de la Dirección General de Salud Pública.
- Recuperación y refuerzo del Cuerpo de Veterinarios Titulares del Ministerio de Sanidad.
- Potenciación de las prestaciones de la Veterinaria de Salud Pública dentro de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud.
- Creación y desarrollo de una especialidad propia de Veterinaria de Salud Pública dentro de las Especialidades en Ciencias de la Salud del Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, permitir a los veterinarios la entrada en las multidisciplinares que les corresponden.
- Integración de los facultativos veterinarios de las CCAA dentro del Sistema Nacional de Salud.
- Reconocimiento de la actividad clínica veterinaria como actividad sanitaria de salud pública con el reconocimiento de sus centros como centros sanitarios.
- Una reciente encuesta realizada por el (ICOVV) ha denunciado que el 30 % de los veterinarios valencianos sufren malestar emocional por su actividad ¿Es una situación generalizada en toda España? ¿A qué se debe esta situación?
Como bien señala el trabajo del Colegio Valenciano, y otros estudios similares, los factores más destacados como causa de su sobrecarga emocional son debidos a la elevada carga de trabajo y la falta de recursos suficientes, la presión de los propietarios y las expectativas poco realistas sobre los tratamientos, la dificultad para conciliar la vida personal y profesional y el conflicto personal que supone gestionar los casos complicados que aconsejan la eutanasia. A lo que hay que añadir la insuficiente remuneración laboral del sector que le sitúa como la profesión sanitaria peor pagada, y a los servicios veterinarios en el puesto 70 de 79 de todos los sectores laborales según los datos de 2024 del Instituto Nacional de Estadística.
En general, en España, el 80% de los veterinarios manifiestan tener un estrés crónico por un exceso de trabajo, que termina frecuentemente en un síndrome de burnout por la alta carga laboral, técnica, y emocional. En Estados Unidos varios estudios concluyen que los veterinarios tienen una probabilidad hasta 3,5 veces superior a la media de morir por suicidio.
Desde el ámbito sindical tenemos claro que todo esto es consecuencia directa o indirecta de llevar años desatendiendo a la profesión como una profesión sanitaria y llevarla, por el interés de unos pocos al campo casi exclusivo de las producciones.
En FESVET apostamos por una mejora en la prevención de riesgos laborales y una atención permanente de la salud mental de los profesionales.
- Y, por otro lado, ¿hacia dónde cree que va el futuro de la veterinaria?
Si consideramos los dos grandes sectores laborales, por un lado el clínico y por otro el de empleados públicos, que copan, entre ambos, más del 88% del ejercicio profesional, tenemos que convenir que en la función pública las condiciones laborales y el futuro profesional se encuentra estable y sometido a las mismas previsiones que para el resto de empleados públicos, aunque eso sí, con una demanda al alza y con las plantillas muy envejecidas, lo que constituye un nicho de trabajo creciente.
Es en el ejercicio clínico de la profesión donde crece la incertidumbre. A pesar de que la actividad económica global del sector de la sanidad animal crece año tras año (en el 2024 facturó 36.681M, lo que representa el 2,3% PIB, según el Informe AMVAC 2025), la precariedad laboral aumenta cada vez más, motivado fundamentalmente por el exceso de egresados que emergen en el mercado cada año (1481 en el curso 2023/24), y que en el futuro se incrementará sustancialmente con la puesta en marcha de las nuevas Facultades de Veterinaria.
La desproporción entre la oferta y la demanda hace que los salarios de los veterinarios sean los más bajos de todas las profesiones sanitarias (en el primer año de ejercicio ronda los 20 mil € brutos anuales y pasados los 4 años apenas supera los 26 mil, según datos del Sistema Integrado de Información Universitaria). La escasa sindicación de los veterinarios y la atomización de los centros clínicos, pocos más de 7 mil, con una media de 3 veterinarios por centro, hace que en la mayoría de las empresas no sea viable la constitución de comités de empresa (se necesitan más de 50 trabajadores) o la propia elección de delegados de personal (se precisan más de 6 trabajadores). Y está demostrado socialmente, que las retribuciones y los derechos laborales son manifiestamente menores en las empresas donde la sindicación no existe o es mínima. Mientras que los empresarios de los servicios veterinarios están organizados, los veterinarios asalariados, exceptuando los empleados públicos, desconocen sus derechos laborales y son objeto de abusos permanentes.
En el caso de los médicos, o de los enfermeros y fisioterapeutas, sucede justo todo lo contrario, la afiliación a las organizaciones sindicales profesionales es masiva, y en el caso de los farmacéuticos van por el XXV Convenio colectivo estatal de oficinas de farmacia. Los veterinarios están empezando a negociar el tercer Convenio colectivo de centros y servicios veterinarios y, en el vigente, la estructura, características y percepciones salariales y extrasalariales no pueden ser peores. Al no existir la más mínima posibilidad de constituir comités de empresa o nombrar delegados de personal en la mayor parte de los centros, la negociación de estos convenios veterinarios está siendo llevada a cabo por organizaciones empresariales y sindicales que no son representativas del personal, y amparándose en el abusivo estatuto de los trabajadores están legitimando unos convenios sencillamente vergonzosos.
A ello contribuye que la estructura colegial veterinaria sigue anclada en unos estatutos decimonónicos que establecen en su artículo 2º que “El Consejo General de Colegios Veterinarios de España se relacionará con la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta relación se entiende sin perjuicio de las funciones que el Ministerio de Sanidad ostenta en relación a la profesión veterinaria dada su condición de profesión sanitaria”. Este error histórico de la profesión hace que las actividades veterinarias se encuentren encuadradas en el CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) dentro de la sección N (Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas) en lugar de en la sección R (Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales) donde están enmarcadas el resto de profesionales sanitarios. Por este motivo son las organizaciones sindicales generalistas, sin ninguna o mínima implantación en el sector veterinario, y no los sindicatos profesionales sanitarios, los que están negociando el convenio colectivo de los veterinarios, un lastre más del colectivo.
Asimismo, este indebido enmarque de los centros y servicios veterinarios en el CNAE está incumpliendo la ley de ordenación de las profesiones sanitarias que no deja lugar a dudas, en su artículo 6, que los veterinarios son profesionales sanitarios y que por tanto los centros en los que trabajan no pueden ser otra cosa que centros sanitarios, y consecuentemente todas las actividades veterinarias deberían tener un IVA reducido.
Por todo ello, en opinión de FESVET, si no le damos un giro copernicano a la actual situación de la Veterinaria, pronto dejaremos de ser una profesión sanitaria y pasaremos a ser una profesión agrícola. Si conseguimos hacer la suficiente pedagogía y se impone el sentido común, el interés general y el interés mayoritario de nuestra profesión, nos deberíamos dirigir a ampliar los estudios de grado a 360 créditos por calidad científica y formativa, modular el número de egresados, mejorar radicalmente el Convenio Colectivo e integrar plenamente la profesión nuevamente en el ámbito sanitario como un facultativo más, al mismo nivel que la Medicina humana y la Farmacia.
- ¿Le gustaría añadir alguna cosa más?
La aplicación del R.D. 666/2023 ha puesto en evidencia los plurales y complejos problemas que está viviendo la profesión, y ha tenido la virtualidad de unir a los veterinarios para afrontar con firmeza las soluciones a los mismos, lo que sin duda permitirá colocar a la medicina veterinaria en el lugar que le corresponde en el sistema de salud nacional.
Quizá no hayamos podido dar un giro a la precaria situación de la profesión porque todavía un amplio porcentaje de los profesionales saben que no les gusta lo que está pasando y no es bueno, pero no son capaces de relacionarlo con sus causas, es decir, no son capaces de relacionarlo con la progresiva expulsión de las competencias de la Veterinaria de Salud Pública desde el Ministerio de Sanidad hacia el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
EL COMITÉ EJECUTIVO FEDERAL DE FESVET.
Noviembre 2025
Documento:
Entrevista Anuario IM Veterinaria.» Descargar
